Publicado el 30 de Junio, 2026
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) emitió en abril de 2026 una alerta formal sobre la existencia del uso indiscriminado de los mecanismos concursales para la insolvencia de personas naturales no comerciantes con el propósito de evadir el pago de obligaciones a favor del sistema financiero, el sector solidario, empresas Fintech, compañías de telecomunicaciones y proveedores del sector real. Este fenómeno se ha denominado como el “Cartel de la Insolvencia”,
Es importante tener en cuenta que el régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes (instrumentalizado en la ley 2445 de 2025 junto a leyes complementarias o supletivas), fue concebido como un instrumento de equidad que permite a quienes enfrentan una crisis económica real reorganizar sus obligaciones o liquidar su patrimonio de forma ordenada.
Su uso legítimo ha crecido de manera natural en el país, pero los datos más recientes evidencian una escalada llamativa, pues las solicitudes pasaron de aproximadamente 400 casos anuales hace una década a cerca de 20.000 en 2025, y se proyecta que en 2026 superen los 30.000 procesos. Para Asobancaria, ese crecimiento exponencial no obedece a un deterioro generalizado de la capacidad de pago de los colombianos, sino a la manipulación sistemática del mecanismo.
Según la denuncia del gremio, la red opera con base en una tríada de actores compuesta por abogados que asesoran al deudor, centros de conciliación con controles laxos y supuestos acreedores ficticios. Los asesores identifican personas con deudas reales, se les presentan como solución a su situación financiera y los vinculan al esquema, que incluye la creación artificial de obligaciones con terceros falsos que figuran como acreedores para inclinar las votaciones en los acuerdos de pago.
Las investigaciones de Asobancaria han identificado que algunos de estos supuestos acreedores aparecen de forma reiterada en múltiples procesos y, en ciertos casos, se trata de personas privadas de la libertad cuyas identidades estarían siendo suplantadas.
El impacto de estas conductas trasciende la esfera individual. A nivel sistémico, el uso indebido del mecanismo deteriora la confianza en los deudores, eleva las exigencias para el otorgamiento de crédito y encarece el costo del financiamiento para el conjunto de la población. Asobancaria ha estimado que, con un promedio de deuda cercano a los $30 millones por proceso, el impacto económico acumulado ya se aproxima a cifras del orden del billón de pesos.
Asobancaria ha exhortado a las autoridades competentes a fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre los centros de conciliación y a los ciudadanos a hacer un uso responsable de las herramientas legales disponibles.
Por lo anterior, se aconseja consultar con su asesor jurídico de confianza antes de vincularse a cualquier esquema que, bajo la apariencia de una salida legal a sus obligaciones, pueda derivar en consecuencias penales y financieras de largo alcance.
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